En junio de 1981 se suspende la aplicación del decreto firmado un año antes. A partir de ese momento comienzan a ganarse sentencias favorables en casos de despido, lo que obliga a la readmisión de los trabajadores afectados.

En febrero de 1982 tiene lugar una acción contra la empresa Contenemar, en la que 250 trabajadores acceden al recinto donde operaba la compañía, provocando daños materiales en sus oficinas y en el área portuaria. Durante estos hechos, dos “toros” y nueve esquiroles caen al agua. Se establecen además guardias de 24 horas para impedir la actividad de personal no sindicalizado. Días después, finalmente, se logra la expulsión de todos los esquiroles del puerto.

Los contactos con otros países europeos comienzan a dar resultados, aunque no llega a consolidarse una unión sindical común para toda Europa, debido en parte a las diferencias de ritmo entre los países nórdicos y el resto.

A finales de ese mismo año se produce un cambio político significativo en España con la celebración de elecciones generales, en las que el PSOE obtiene una amplia mayoría absoluta, superando con creces a Alianza Popular y provocando la desaparición de la UCD, hasta entonces en el poder.

A mediados de 1986, la Coordinadora propone la realización de quince días de huelga escalonada como respuesta a la inacción de la nueva administración y a los procesos de privatización portuaria, ya iniciados en otros países europeos.

Como era previsible, ANAVE manifiesta la postura de la patronal, acusando a los estibadores de pretender presionar al Gobierno para obtener beneficios, especialmente mediante la realización de horas extraordinarias derivadas del retraso en las operaciones de carga y descarga.

Los estibadores de Barcelona responden con una manifestación en la que sacan maquinaria pesada fuera del puerto —palas, toros y vancarries—, mientras se anuncia la posibilidad de otros diez días de huelga general.

Finalmente, se aprueba el Decreto-Ley de Reorganización de los Trabajos de Estiba y Desestiba del Sector Portuario. Bajo la dirección de Álvaro Espina, la administración convoca a las centrales sindicales para iniciar un proceso de negociación que se prolongará durante aproximadamente un año. Este proceso pone fin a la OTP y da lugar a la creación de las Sociedades de Estiba. Paralelamente, se firma el Acuerdo Marco, que culmina un proceso de reforma de dos años, durante el cual el número de estibadores en España se reduce de 12.000 en 1982 a 7.500. Con esta reforma, el modelo español se aproxima al adoptado en el resto de Europa.

En Barcelona, 110 trabajadores se acogen a planes de jubilación anticipada al haber alcanzado los 55 años o más.

La Coordinadora alcanza su décimo aniversario en un contexto en el que se negocia la retención del 20 % del IRPF con la Hacienda pública.

Comienzan a formalizarse los contratos laborales con la nueva Sociedad de Estiba. Con la creación de Estibarna y bajo la dirección de Ramón Saperas, se inicia una etapa de colaboración que permite llevar a cabo prejubilaciones y la reestructuración de equipos, pese a que algunas navieras habían abandonado el puerto a causa de los conflictos. En 1989 se establece el primer turno nocturno de vancarristas, así como un nuevo sistema de contratación para fines de semana.

En 1990, tras el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral, se acuerda incrementar de 1.000 a 2.000 pesetas la aportación voluntaria en caso de muerte por accidente.

En 1992 ingresan 46 nuevos gruistas procedentes de la Autoridad Portuaria de Barcelona, así como 15 trabajadores de la empresa Ergransa. Dos años más tarde se incorporan 18 nuevos trabajadores conocidos como “los Teleñecos”.

En 1995 se acuerda operar con La Caixa debido a sus condiciones bancarias, instalándose un cajero automático en la sede de Estibarna. Asimismo, se contrata a Fremap como mutua de accidentes de trabajo y se implantan revisiones médicas anuales para toda la plantilla.

Ese mismo año se produce el despido masivo de 500 trabajadores portuarios en Liverpool (Reino Unido), tras una prolongada huelga motivada por conflictos laborales y en solidaridad con 80 trabajadores previamente despedidos. Estos trabajadores recorren numerosos puertos europeos para advertir de que el conflicto no constituye únicamente un enfrentamiento con el Gobierno de Margaret Thatcher, sino el inicio de un proceso de liberalización que podría extenderse por toda Europa.

A pesar del apoyo económico y la presión ejercida por otros puertos europeos, finalmente los 500 trabajadores son despedidos.

Se intensifican los contactos con delegaciones de puertos internacionales como Montreal, San Francisco, Nueva York, Génova, Estocolmo, Hamburgo, Aarhus, Le Havre, Sídney y Amberes, además de los principales puertos españoles, con el objetivo de crear un comité internacional de estibadores.

Este objetivo se materializa años después, tras la llegada a Barcelona de un buque procedente de Charleston (Estados Unidos), presuntamente cargado por esquiroles tras el despido de 15 trabajadores. Una inspección del comité detecta deficiencias graves en la estiba que comprometen la seguridad de la descarga, lo que provoca la paralización de la operativa y la retención del buque durante más de 48 horas. Tras diversas gestiones y presiones, se logra la readmisión de los trabajadores despedidos. Este episodio impulsa la creación del International Dockworkers Council (IDC), nombrándose a Julián García como secretario general.

A finales de 1997 se incorporan a la plantilla de Barcelona las primeras siete mujeres estibadoras. Asimismo, la nueva Ley de Puertos del Estado establece el traspaso de la gestión portuaria a las distintas comunidades autónomas. En septiembre de 1999 se firma el III Acuerdo Marco, con una vigencia de cinco años.